Nº REGISTRO : 26.523

En relación con las denuncias por presuntas vejaciones de profesores a alumnos y las sanciones que desde los tribunales se imponen a los primeros, queremos hacer llegar a las administraciones educativa y judicial y a la sociedad en general las siguientes consideraciones:

Los centros educativos son ámbitos de socialización imprescindibles para la convivencia y la civilización. En ellos, los niños y adolescentes encuentran los mejores referentes –a veces los únicos- de educación y comportamiento, además de adquirir los conocimientos y capacidades que les permiten continuar estudios o incorporarse al mundo laboral. El objetivo de nuestro trabajo es formar personas responsables, inculcándoles principios democráticos y respeto por los demás y el medio en el que viven. Eso no siempre es posible en las condiciones cada vez más difíciles en que llevamos a cabo nuestra tarea por el deterioro de la convivencia en los centros y la permisividad social que parece convertir en impunes ciertos comportamientos. Resulta muy difícil educar si las familias y la sociedad no refrendan nuestro esfuerzo y entienden que, si bien la relación entre profesores y alumnos ha de ser necesariamente de respeto mutuo, unos y otros tienen edades, funciones y atribuciones diferentes. Es imposible lograr el objetivo si la administración educativa y las instancias judiciales no entienden la dimensión social de nuestro empeño y la dificultad del mismo.

Solicitamos que se tome conciencia del problema. Pedimos que se realicen las gestiones necesarias para impedir la judicialización de la vida educativa y que no sean admitidas a trámite sin fundamento querellas por faltas. Creemos procedente que previamente se agote la vía administrativa y que las actuaciones de los profesores denunciados sean estudiadas por la inspección educativa y, si procede, que se les abra el oportuno expediente disciplinario. Consideramos necesario en todo caso que, si las denuncias se admiten en el juzgado, el profesor cuente con asistencia letrada desde el primer momento, que las consecuencias económicas que se deriven de la sanción sean asumidas por la Administración Educativa y que el honor y la imagen de los profesores sea defendida, en función de la presunción de inocencia en tanto se esclarecen los hechos, o restablecida ante la comunidad educativa si hubiera sido injustamente mancillada.

Madrid 15 de febrero de 2005